Abogados de recurso Contencioso-Administrativo en Burgos

En Quintana Abogados prestamos asesoramiento jurídico integral para la interposición de recursos Contencioso-Administrativos para la mejor defensa de sus intereses.

¿Qué es el recurso Contencioso-Administrativo?

El recurso Contencioso-Administrativo es la vía judicial para impugnar los actos y resoluciones de la Administración Pública que ponen fin a la vía administrativa, es decir, aquellos frente a los que ya no cabe ningún recurso administrativo, o frente a los que se ha agotado esa vía previa.

Se interpone ante los Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo y permite obtener una revisión judicial completa de la legalidad de la actuación administrativa.

Información esencial

Puntos esenciales sobre el recurso Contencioso-Administrativo:

• Plazo: 2 meses desde la notificación del acto expreso que agota la vía administrativa, o 6 meses en caso de silencio administrativo.

Requisito previo: en la mayoría de los casos es necesario haber agotado la vía administrativa (recurso de reposición o de alzada) antes de acudir a esta vía judicial.

Representación: es obligatoria la asistencia de abogado y, en la mayoría de los casos, de procurador.

Efectos: el tribunal puede anular total o parcialmente el acto impugnado, reconocer situaciones jurídicas individualizadas y, en su caso, fijar una indemnización.

Costas: rige el principio de vencimiento, por lo que la parte que pierde el pleito puede ser condenada a las costas del procedimiento.

Nuestro servicio de Derecho Administrativo en Burgos

En Quintana Abogados contamos con más de 40 años de experiencia en Derecho Administrativo en Burgos, interviniendo en la defensa de ciudadanos, empresas y profesionales frente a la Administración Pública. Nuestro trabajo se centra en ofrecer un asesoramiento técnico, claro y eficaz ante cualquier procedimiento, actuación o resolución administrativa que pueda afectar a sus derechos o intereses.

El Derecho Administrativo es un área jurídica especialmente compleja, sujeta a plazos estrictos, trámites formales y normativa cambiante. Por ello, disponer de abogados administrativistas con formación específica resulta fundamental para actuar a tiempo, evitar sanciones y plantear recursos bien fundamentados que incrementen las posibilidades de éxito.